- Un informe, que no han facilitado, detecta más de 4.300 expedientes de calidad ambiental pendientes de ejecutar por la «dejadez» del anterior Ejecutivo socialista
- La Junta calcula que esa «parálisis» ha provocado que no se crearan 92.000 empleos y, con una modificación legal, pretende generar ahora unos 23.000
- El Consejo de Gobierno acuerda también la redacción y tramitación de una nueva Ley de Urbanismo, dirigida igualmente a la reducción de los plazos actuales
La tramitación de los expedientes pendientes, ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Según indican, esa «parálisis» también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan «más del 11% de la población desempleada en Andalucía». La Consejera Carmen Crespo considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces.
La Junta, en ese sentido, ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente, según ha anunciado la Junta.
Del total de expedientes sin resolver, 370 corresponde al área de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental. En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
Esta situación ya fue puesta de manifiesto por ANGEREA el pasado año, manteniendo comunicaciones y reuniones con los Delegados políticos para indicarles el grave problema que le supone a los gestores de residuos de automoción el retraso de la aprobación de estos trámites administrativos. ANGEREA instó a la necesidad de invertir más recursos para acelerar este elevado retraso y así poder dinamizar el sector y hacerlo competitivo en Andalucía.
Fuente: ElDiario.es
